Notas editoriales

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) expresó reservas sobre el decreto presidencial que impone nuevos aranceles del 35% a mercancías textiles manufacturadas y del 15% a importaciones textiles, con excepción de países con tratados de libre comercio.

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Aunque la medida busca blindar la industria nacional y combatir prácticas comerciales ilícitas, index advierte posibles impactos negativos en la competitividad de las empresas exportadoras que dependen de productos de la cadena textil-confección.

Durante la conferencia presidencial, se destacó que los principales estados beneficiados con esta política incluyen al Estado de México, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato y Jalisco, donde la industria textil tiene fuerte presencia.

Sin embargo, Humberto Martínez Cantú, presidente de Index, señaló que estas medidas podrían afectar gravemente a empresas exportadoras ubicadas en el norte y sureste del país.

Estas zonas han reportado dificultades para atraer nuevas inversiones y mantener las actuales, con casos de corporativos considerando trasladar su producción al extranjero.

Otro aspecto que genera controversia es el manejo de mercancías bajo el programa IMMEX.

Según Index, el 48% de las mercancías importadas bajo este esquema no registran retorno debido a que los textiles, una vez transformados, se declaran bajo fracciones arancelarias diferentes.

Esto subraya la necesidad de revisar detalladamente las fracciones aplicables y definir excepciones para productos no fabricados en México y destinados exclusivamente a la exportación.

Index ha pedido un análisis conjunto con la Secretaría de Economía y la cadena textil-confección para evitar afectaciones a las empresas exportadoras y mantener a México como un socio estratégico para Estados Unidos.

La industria busca consolidar al país como líder comercial y receptor de inversiones extranjeras, especialmente en el contexto de relocalización empresarial, que podría representar hasta 50 mil millones de dólares en nueva inversión.

Con esta política, se busca fortalecer la economía mexicana, pero el desafío está en equilibrar los intereses de la industria textil nacional con los de las empresas exportadoras. Esto será crucial para garantizar el crecimiento sostenible de ambos sectores.